En el Concejo Deliberante capitalino cada vez es más firme la idea de que la discusión por la regulación de las plataformas electrónicas podría quedar relegada para después de las elecciones de octubre. Los ediles consideran que la problemática supone un costo político significativo y prefieren que la discusión se lleve adelante una vez aplacado el fervor electoral; además, defienden que la futura norma debe apuntar a una solución integral en la que se incluya a las motos de transporte.

Al día de hoy, en el cuerpo parlamentario se han presentado ocho proyectos que disponen la normatización de los vehículos particulares, del Sutrappa y de las “moto taxis”. El debate tuvo su punto máximo de avance este año, en mayo, cuando se repetía el objetivo de llevarlo al recinto en no más de 15 días. Sin embargo, la discusión se desaceleró y actualmente voces del oficialismo y de la oposición coinciden en que -como expresó algún edil- “dar una definición de esa índole en un escenario así (por los comicios) no es favorable”.

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Más allá de los plazos, los parlamentarios entienden que la regulación de las apps es necesaria. “El debate en torno a las plataformas está muy avanzado y ha sido ampliamente discutido; lo que falta es lograr un consenso entre el Ejecutivo municipal y el provincial para definir una política clara respecto a este tipo de actividades”, expresó Carlos Ale (PJS). Además, el concejal miembro de la comisión de Transporte señaló que “la meta es sancionar una ordenanza que contemple a todos los sectores involucrados”.

En esa misma línea se manifestó Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital). Además, el oficialista consideró que “probablemente, la situación electoral condicione el tratamiento” de la temática. “No es que acordamos que sea después de las elecciones, sino que creo que se van a alejar más las posturas por el tiempo electoral y habrá menos posibilidades de que lleguemos a un único dictamen”, especuló.

El concejal adelantó una propuesta: considerar una emergencia para el transporte. “Estamos en una emergencia económica importante, muy atada al bolsillo; y hay una situación complicada en el transporte público por las bajas en el consumo, lo que también pasa con los taxis. Es una problemática social que tenemos que atender”, planteó Vargas Aignasse.

En tanto, el radical Federico Romano Norri opinó que “este es un año electoral y no creo que lo saquen (al dictamen) antes de las elecciones”. Consideró que hay distintas voces involucradas y que el marco normativo debía darse antes de que las plataformas se asienten en la Capital. “No pretendo dejar a nadie afuera; si hay 10.200 motos y una futura ordenanza establece un cupo, quedaría mucha gente del otro lado”, dijo.

En tanto, Ramiro Ortega, de Fuerza Republicana (FR), defendió el “arduo trabajo legislativo del Concejo Deliberante” para trabajar en la problemática, considerando que “no podemos negar que estos servicios existen y la gente los utiliza, lo que obliga a que desde nuestro lugar aportemos la legislación que corresponde”. Y el oficialista Hugo Andina Lizárraga mencionó que la solución de esta controversia “es una deuda que tenemos que saldar”. “La regularidad es inminente, porque adentro de esos vehículos van pasajeros que deben tener resguardo”, aseveró.

El radical José María Canelada apuntó contra los gobiernos municipal y provincial. “No se puede regular Uber, Didi o Cabify sin tener una política provincial integral; están faltando actores en esta mesa”, lanzó. En tanto, Gustavo Cobos denunció que “el primer error lo cometió el gobernador Osvaldo Jaldo cuando derogó la ley que las regulaba, en vez de convocar a las partes e implementar una norma consensuada”.

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Las elecciones legislativas son el 26 de octubre. Aunque el tratamiento en comisiones puede darse antes, si se cuenta desde los comicios hasta el cierre del período parlamentario -el 30 de noviembre, a menos que se extienda- quedarían menos de 30 días hábiles para lograr definiciones.